El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfrenta cuestionamientos por la actuación de la Policía Estatal durante la manifestación del domingo 11 de octubre, convocada para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en Guadalajara.
La movilización, que comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, terminó con enfrentamientos, personas lesionadas y 39 detenidos, según las cifras oficiales.
Familiares de los arrestados denunciaron este lunes que algunas detenciones fueron arbitrarias y acusaron a las autoridades de negarles información suficiente sobre sus seres queridos.
El gobernador sostuvo que la protesta inicialmente pacífica fue alterada por un grupo de aproximadamente 400 personas que, según su versión, agredieron a los agentes con distintos objetos.
Lemus informó que 28 policías resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad, y aseguró que ordenó revisar las grabaciones para investigar posibles excesos cometidos por los uniformados.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estatal explicar las circunstancias del operativo y cuestionó el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
La mandataria federal subrayó que existe una diferencia entre contener situaciones violentas y reprimir manifestaciones ciudadanas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también exhortó a las autoridades de Jalisco a garantizar la libertad de expresión, la protesta pacífica y la integridad de las personas detenidas.
El organismo estatal de derechos humanos abrió una investigación y dictó medidas cautelares relacionadas con la atención médica y las garantías de los arrestados.
El gobierno de Lemus deberá esclarecer tanto las agresiones denunciadas contra policías como los señalamientos de uso excesivo de la fuerza, sin que ninguna de las versiones sustituya una investigación independiente.
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