La presión política sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, llegó este lunes a la Fiscalía General de la República. Diputados federales del PAN presentaron una denuncia para solicitar que se investigue su posible responsabilidad en más de una decena de conductas presuntamente delictivas.
Entre los legisladores que acudieron a la FGR se encuentran Eva María Vázquez, César Damián Retes y Federico Döring, acompañados por Jorge Triana, vocero nacional del PAN.
De acuerdo con los denunciantes, entre los posibles delitos que solicitan investigar se encuentran delincuencia organizada, asociación delictuosa, delitos contra la salud, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
La presentación ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, a quien la autoridad estadounidense atribuye haber utilizado su influencia política para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Los diputados señalaron también a Vida Orgánica Tijuana, compañía sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y en cuya constitución participó Marina del Pilar junto con Carlos Torres y otros socios.
César Damián Retes sostuvo que la mandataria debería separarse temporalmente del cargo para enfrentar las investigaciones. Se trata de una exigencia política del PAN y no de una determinación de alguna autoridad judicial.
Marina del Pilar ha sostenido que ella no está incluida en las sanciones estadounidenses, ha negado que exista una investigación en su contra en Estados Unidos y ha marcado distancia de las actividades atribuidas a su exesposo. Tras las sanciones de la OFAC, además, ordenó revisar posibles contratos entre su administración y las empresas incluidas en la lista estadounidense.
La denuncia abre ahora una ruta distinta a la disputa política. Presentarla no demuestra la comisión de los delitos señalados: será la FGR la que deberá analizar los elementos aportados y determinar si existen bases para iniciar o ampliar investigaciones contra la gobernadora.
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