La Auditoría Superior de la Federación llevó ante la FGR una investigación sobre más de 7 mil 200 millones de pesos transferidos desde la administración de Nuevo León hacia distintas empresas durante 2025.
Según la Auditoría, fueron identificadas cuatro rutas de transferencias y posibles esquemas de triangulación.
Dentro de esos movimientos, 928.13 millones de pesos habrían terminado en un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, de acuerdo con el reporte de la ASF.
La existencia de esas operaciones y las posibles responsabilidades deberán ser investigadas por la Fiscalía General de la República.
El gobernador ha rechazado los señalamientos y asegura que investigaciones anteriores ya descartaron ilegalidades y triangulaciones.
Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León hizo una precisión: el expediente que previamente investigó y posteriormente archivó corresponde a hechos distintos de los denunciados ahora por la ASF.
Por ello, las conclusiones de aquella indagatoria estatal no determinan el resultado de la nueva denuncia federal.
La FGR deberá ahora analizar la información presentada por la Auditoría y establecer si existen elementos para proceder contra alguna persona.
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