La violencia contra periodistas en México continúa marcada por investigaciones deficientes y un alto nivel de impunidad, concluye un informe elaborado por organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos.
El estudio, centrado en diversos homicidios ocurridos en Veracruz, sostiene que las irregularidades detectadas no corresponden a errores aislados, sino a un esquema institucional que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La investigación revisó varios expedientes de periodistas asesinados entre 2011 y 2012 y encontró deficiencias recurrentes como la falta de análisis integral de los casos, omisiones en las diligencias ministeriales y escasa investigación sobre las posibles redes de poder detrás de los ataques.
Los autores del informe señalaron que, aunque en algunos casos se procesó a integrantes del crimen organizado, las autoridades no profundizaron en la identificación de quienes habrían ordenado o facilitado los homicidios.
Representantes de la ONU-DH coincidieron en que este tipo de delitos deben investigarse con una visión más amplia que permita identificar patrones, estructuras criminales y responsabilidades compartidas.
Durante el evento, familiares de periodistas asesinados reiteraron su exigencia de justicia y cuestionaron la eficacia de los mecanismos de protección existentes, al considerar que la violencia contra la prensa continúa sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México permanece entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el continente americano y Veracruz figura entre las entidades con mayor número de homicidios de comunicadores.
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