La ruta utilizada por Flávio Bolsonaro para salir de Brasil ya no se investiga únicamente en su país. La justicia argentina abrió una línea para determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei utilizaron recursos públicos para facilitar su paso hacia Estados Unidos.
La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti para avanzar en una causa que se encontraba en etapa preliminar.
La investigación busca establecer si organismos del Estado argentino participaron en el desplazamiento del excandidato presidencial brasileño, qué controles migratorios se realizaron y si las autoridades conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
Entre las medidas solicitadas se encuentran informes de Migraciones y Cancillería, además de la revisión de registros de seguridad relacionados con el paso de Bolsonaro por territorio argentino.
El senador cruzó desde Brasil hacia Argentina y posteriormente tomó un avión privado desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos, con escala en Ecuador.
El gobierno argentino sostiene que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existía una alerta internacional que obligara a impedir su tránsito.
Hasta ahora no hay funcionarios del gobierno de Milei imputados. La investigación se encuentra precisamente en la etapa de reunir pruebas para establecer si existió alguna intervención irregular o utilización de recursos públicos.















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