La Fiscalía General de la República informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Según la fiscal Ernestina Godoy, la investigación permitió identificar que las videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala sí existieron y fueron retiradas deliberadamente después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
La funcionaria explicó que dos testigos protegidos declararon que Aguirre habría instruido a integrantes de su administración desaparecer cualquier evidencia vinculada con lo ocurrido aquella noche.
La FGR sostiene que no se trató de una omisión administrativa, sino de una acción deliberada encabezada desde el Poder Ejecutivo estatal para impedir el esclarecimiento de los hechos.
El exmandatario enfrenta ahora acusaciones por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, mientras las autoridades continúan con el reanálisis de las investigaciones sobre uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
















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