El proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel comenzó a adquirir una dimensión política después de que figuras vinculadas al PAN, familiares y el expresidente Vicente Fox cerraran filas en defensa del exgobernador de Baja California.
Durante una movilización relacionada con el caso, la familia de Ruffo anunció el reforzamiento de su equipo jurídico, mientras sus abogados mantienen diferentes recursos para conseguir que el exmandatario continúe el proceso desde su domicilio.
Vicente Fox cuestionó públicamente el encarcelamiento del exgobernador y rechazó el trato que ha recibido. La familia de Ruffo, por su parte, ha insistido en que el proceso no debe convertirse en una confrontación partidista.
La FGR sostiene una investigación que relaciona a Ruffo y otros coacusados con un presunto esquema para introducir ilegalmente millones de litros de combustibles al país. El exgobernador se encuentra vinculado a proceso y su responsabilidad deberá determinarse judicialmente.
Su defensa sostiene que no ha encontrado elementos que acrediten su participación en los hechos y mantiene activa una estrategia de amparos, incluido uno para buscar prisión domiciliaria.
Así, un expediente que comenzó en los tribunales ya provoca posicionamientos fuera de ellos: mientras la FGR sostiene su investigación, el entorno político de Ruffo convierte su defensa en una causa pública.
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