La nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa profundizó las diferencias entre el organismo, las familias de los estudiantes desaparecidos y organizaciones civiles.
La CNDH negó que el documento tenga como beneficiario al Ejército y aseguró que su objetivo fue aportar elementos para conocer la verdad y reconocer la lucha de las víctimas.
Según la institución, las indagatorias no permitieron establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional participara como institución en las agresiones contra los normalistas ocurridas en septiembre de 2014.
El organismo sostuvo que los señalamientos relacionados con militares deben analizarse como posibles conductas individuales y dentro de los procesos penales correspondientes.
Asimismo, afirmó que la recomendación no desconoce las causas judiciales abiertas contra elementos del Ejército y que mantiene seguimiento a los procedimientos iniciados por estos hechos.
La CNDH acusó a sus críticos de difundir interpretaciones falsas y aseguró que no han presentado elementos suficientes para desvirtuar sus hallazgos.
No obstante, familiares de los 43 estudiantes calificaron la resolución como una traición, mientras organizaciones cuestionaron la autonomía y el rigor técnico de la Comisión.
Exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también señalaron presuntas imprecisiones, contradicciones y descalificaciones contra investigaciones realizadas durante los últimos años.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que el documento retoma la versión de las Fuerzas Armadas para reducir su responsabilidad institucional y debilita hallazgos previos. La discusión continuará paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía y a los procesos judiciales contra militares y otros posibles responsables de la desaparición de los estudiantes.
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