Lo que fue convocado como una marcha por la soberanía terminó rodeado de elementos propios de una movilización política: autobuses trasladando asistentes, entrega de playeras y banderas, presencia de figuras de Morena y la propia Julieta Ramírez al frente del contingente, en plena disputa interna por la candidatura al gobierno de Baja California.
La movilización del 23 de agosto en Mexicali generó cuestionamientos después de que medios locales reportaran el traslado de personas desde distintos puntos de Tijuana, Tecate y la capital del estado. Entre las unidades señaladas apareció un autobús con logotipos oficiales del Gobierno estatal y del Instituto de la Juventud.
Alfredo Álvarez Cárdenas, también aspirante dentro de Morena, pidió que autoridades estatales y electorales investiguen el caso. El exsecretario General de Gobierno calificó este tipo de despliegues como excesivos e innecesarios y consideró que pueden representar un “dispendio”.
Las autoridades estatales, por su parte, se deslindaron del uso de la unidad señalada. Su explicación fue que pertenece a una empresa concesionaria y que, fuera del horario destinado al programa de transporte estudiantil COMUNDER, la responsabilidad sobre su utilización corresponde a la compañía operadora. Por ello, con la información disponible no puede afirmarse que el gobierno haya destinado directamente recursos públicos al evento.
La polémica creció porque se documentó la llegada de autobuses al bulevar Benito Juárez, donde descendieron asistentes que recibieron playeras y banderas antes de dirigirse al punto de partida. Entre los participantes había adultos mayores, mujeres y menores de edad.
Todo ocurrió además bajo temperaturas extremas. Durante la marcha, una mujer adulta mayor tuvo que recibir atención y ser trasladada en ambulancia tras desvanecerse por un posible golpe de calor.
La UABC también terminó involucrada en la controversia después de que su Vicerrectoría fuera promocionada como punto de reunión. El rector Enrique Palafox Mestre se deslindó del evento y reclamó respeto a la autonomía universitaria, al señalar que las instalaciones no deben utilizarse para organizar o promover movilizaciones político-partidistas.
A la marcha acudieron además distintos cuadros de Morena, entre ellos legisladores y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, reforzando la lectura política de una movilización realizada mientras Ramírez busca posicionarse rumbo a la sucesión de 2027.
Eso no basta por sí mismo para acreditar jurídicamente actos anticipados de campaña ni el uso indebido de recursos públicos. Ambas cuestiones requieren una determinación de las autoridades competentes.
Pero políticamente la pregunta ya quedó instalada: si era una marcha por la soberanía, ¿por qué necesitó una estructura de movilización, autobuses, artículos promocionales y un despliegue de figuras partidistas alrededor de una aspirante a la gubernatura?
Para Julieta Ramírez, la marcha buscaba proyectar músculo. Los señalamientos sobre acarreo terminaron abriendo otra discusión: si lo ocurrido el 23 de agosto fue una expresión ciudadana o un mitin político rumbo a 2027 presentado bajo otra etiqueta.
Leave a Reply