Las declaraciones del gobernador Víctor Castro Cosío a favor de recuperar para el Estado determinadas actividades actualmente operadas por particulares provocaron inquietud entre integrantes del sector privado de Baja California Sur.
Las declaraciones del gobernador Víctor Castro Cosío a favor de recuperar para el Estado determinadas actividades actualmente operadas por particulares provocaron inquietud entre integrantes del sector privado de Baja California Sur.
El mandatario planteó que sectores como la banca, las navieras, la aviación y los ferrocarriles podrían regresar gradualmente al control estatal y defendió la expropiación como una herramienta que puede utilizarse cuando exista una causa que afecte a la sociedad.
El planteamiento adquiere relevancia en Baja California Sur por el peso que tienen las inversiones privadas en sectores como turismo, construcción, servicios e industria inmobiliaria.
Empresarios consultados sobre el tema señalaron que los proyectos de gran escala requieren horizontes de recuperación de varios años, además de terrenos, permisos, autorizaciones ambientales, financiamiento y contratos.
Por ello, consideran que cualquier discusión sobre posibles expropiaciones puede convertirse en un factor adicional dentro de la evaluación de riesgos para nuevas inversiones.
La controversia ocurre además después de otros desacuerdos entre el gobierno estatal y desarrolladores privados, particularmente alrededor de caminos y accesos costeros en Los Cabos.
Hasta ahora, Castro no ha anunciado la expropiación de una empresa específica ni existe un procedimiento formal contra bancos, navieras o compañías turísticas derivado de sus declaraciones.
La discusión se centra, por tanto, en el mensaje político y sus posibles efectos sobre la percepción de seguridad jurídica.
Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se distanció del planteamiento y aseguró que no existe una propuesta legislativa de Morena para nacionalizar la banca o estatizar empresas.
Mientras el gobernador defiende una mayor participación estatal en sectores estratégicos, empresarios colocan otro elemento en el centro de la discusión: garantizar reglas previsibles para quienes deciden invertir y permanecer a largo plazo en Baja California Sur.
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