La separación de Rubén Rocha Moya dejó de ser sólo una decisión administrativa y se convirtió en una señal sobre la relación entre el gobernador, la Presidencia y Morena. Su intento de regresar al cargo duró poco más de un día y terminó por exhibir la falta de respaldo político.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tuvo comunicación previa con Rocha sobre su retorno y consideró que la decisión no fue pertinente. Señaló que ninguna pretensión personal debe colocarse por encima de los intereses de Sinaloa, especialmente cuando la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por autoridades estadounidenses.
Rocha Moya ha negado las acusaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa y ha sostenido que no existen elementos en su contra. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado de una sentencia ni de una orden de aprehensión ejecutada contra el gobernador con licencia.
Sheinbaum planteó que la persona designada por el Congreso sinaloense permanezca en el cargo hasta la conclusión del actual periodo de gobierno, en 2027. También pidió que el perfil elegido tenga capacidad, honestidad, profesionalismo y compromiso con la población.
El Congreso deberá elegir a una persona capaz de gobernar y, al mismo tiempo, de atravesar una disputa interna que ya modificó los equilibrios del oficialismo sinaloense.
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