Los cuestionamientos alrededor de José Alfredo Hernández Casillas van más allá de los contratos obtenidos por empresas relacionadas con él: personas previamente vinculadas profesionalmente con compañías proveedoras llegaron a ocupar áreas administrativas relevantes del INE.
Entre los casos reportados se encuentra Octavio García González, quien ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración y anteriormente habría representado jurídicamente a Cajas Graf y Corporativo Zeg.
También se han documentado vínculos de otros funcionarios con áreas como Recursos Materiales y Finanzas, precisamente sectores relacionados con el manejo administrativo y las contrataciones del Instituto.
La controversia aumentó con la difusión de un presunto audio atribuido a Hernández Casillas en el que aparentemente instruye sobre el momento en que debía comunicarse un fallo relacionado con la producción de credenciales electorales.
El contrato terminó adjudicado a Cosmocolor por más de mil millones de pesos, mientras que una compañía relacionada con Hernández Casillas participó en el procedimiento.
El empresario también ha aparecido en reuniones sociales con funcionarios del Instituto y proveedores electorales, situaciones que consejeros del propio INE han considerado necesarias de esclarecer.
Sin embargo, tanto las grabaciones como las relaciones profesionales y personales deberán ser analizadas por las autoridades competentes antes de determinar responsabilidades.
La pregunta que ahora deberán resolver las investigaciones es hasta dónde llegó realmente la influencia de un proveedor dentro de las áreas encargadas de administrar los recursos del árbitro electoral.
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