Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones resolvió la controversia promovida por Vulcan Legacy LLC contra México por las restricciones impuestas a sus operaciones en Quintana Roo.
La empresa alegaba que diversas medidas adoptadas entre enero de 2018 y 2022 perjudicaron sus actividades de extracción y manejo de materiales realizadas mediante su filial mexicana CALICA.
Entre las decisiones cuestionadas se encontraban clausuras y limitaciones aplicadas a predios utilizados para la extracción de piedra caliza en la zona costera de la entidad.
La Secretaría de Economía informó que el tribunal arbitral rechazó casi todos los argumentos de la compañía y únicamente consideró procedente una reclamación por la clausura de un terreno en enero de 2018.
Según el Gobierno mexicano, el monto correspondiente a esa resolución equivale a menos del uno por ciento de la cantidad inicialmente solicitada por Vulcan.
La empresa ofreció una interpretación distinta al señalar que el tribunal encontró violaciones al TLCAN en algunos aspectos del conflicto, aunque reconoció que la compensación otorgada fue limitada.
El texto íntegro del laudo todavía no ha sido difundido públicamente, por lo que no se conocen todos los razonamientos jurídicos empleados por los árbitros.
La administración federal indicó que revisará la decisión para establecer los pasos legales y administrativos que podrían seguirse.
El caso se encuentra relacionado con la controversia por los efectos ambientales de las actividades extractivas en Quintana Roo y las medidas adoptadas por México para restringirlas.
El Gobierno federal afirmó que continuará promoviendo la inversión extranjera que genere empleos e innovación, pero subrayó que esta deberá cumplir las normas ambientales y los tratados internacionales.
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