La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se difundiera un nuevo audio y capturas de conversaciones en las que presuntamente menciona la contratación de un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de la estrategia para atender su situación con autoridades estadounidenses.
Las nuevas revelaciones, dadas a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, señalan que la mandataria habría identificado al consultor como Juan Sandoval, un presunto exintegrante del FBI con residencia en San Diego, a quien aseguró haber contratado para asesorarla.
En uno de los mensajes atribuidos a la gobernadora se lee: “Fue agente del FBI. Juan Sandoval. Él está aquí en SD, por eso lo contraté”. En otra conversación, también expresa que cualquier gestión relacionada con el caso debía realizarse por conducto de sus abogados y no mediante otros intermediarios.
De acuerdo con la publicación, Sandoval habría participado en reuniones con representantes estadounidenses junto con el equipo legal de la mandataria, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el contenido de esos encuentros ni sobre los acuerdos que pudieron haberse planteado.
Las filtraciones surgen semanas después de que Marina del Pilar asegurara públicamente que había sido víctima de un engaño y que las personas con las que sostuvo conversaciones para abordar la cancelación de su visa estadounidense eran supuestos intermediarios que no pertenecían a agencias oficiales.
Las nuevas conversaciones difundidas han reavivado el debate sobre la versión presentada por la gobernadora, ya que muestran que previamente habría buscado asesoría especializada para atender el caso por vías legales.
Marina del Pilar forma parte del mismo proyecto político que la senadora Julieta Ramírez, una de sus principales aliadas en Baja California, por lo que la nueva controversia también vuelve a colocar bajo los reflectores al grupo político que ambas representan en la entidad.
Hasta ahora, la gobernadora no ha emitido un nuevo posicionamiento sobre la autenticidad de los audios y mensajes difundidos este lunes, mientras que tampoco existe una postura oficial de autoridades estadounidenses respecto a la presunta contratación del consultor mencionado.
El caso continúa desarrollándose entre filtraciones, versiones encontradas y declaraciones públicas, sin que hasta el momento exista una resolución oficial sobre las gestiones que la mandataria habría realizado tras la cancelación de su visa estadounidense.
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