El camino de Julieta Ramírez hacia la gubernatura de Baja California enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos: acusaciones de que recursos y estructuras relacionadas con la Secretaría de Bienestar estatal habrían sido aprovechados para apuntalar su proyecto político.
En el centro de los señalamientos aparece Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, exsecretario de Bienestar y figura cercana al proyecto de Ramírez, cuyo grupo presuntamente habría construido una estructura territorial aprovechando programas y recursos gubernamentales.
Una de las acusaciones más delicadas sostiene que hasta 72 por ciento de ciertos apoyos sociales habría terminado concentrado entre militantes u operadores relacionados con ese círculo. La cifra no puede darse por acreditada mientras no sea respaldada con padrones oficiales y auditorías.
Pero los cuestionamientos no terminan en la entrega de apoyos.
También se señala que trabajadores interinos y personal relacionado con estructuras educativas habrían sido presionados para participar en actividades territoriales, bajo el riesgo de perder contratos o plazas.
Otro señalamiento sostiene que vehículos, autobuses y recursos vinculados con estructuras gubernamentales habrían sido utilizados para transportar personas a eventos relacionados con la promoción política de Julieta Ramírez.
A ello se agregan acusaciones sobre reuniones privadas en las que empresarios presuntamente habrían realizado aportaciones económicas bajo expectativas de recibir contratos o posiciones en futuras administraciones. Al igual que el resto de los señalamientos, estas afirmaciones necesitan evidencia documental para ser acreditadas.
Las acusaciones adquieren especial relevancia porque Ramírez busca posicionarse en la sucesión de 2027 y una estructura territorial construida mediante programas sociales representaría una ventaja frente a otros aspirantes de Morena.
La legislación obliga a que los recursos públicos sean utilizados con imparcialidad y sin beneficiar proyectos electorales. Por ello, será necesario determinar si existe una conexión documentada entre programas de Bienestar, operadores gubernamentales y la promoción de Julieta Ramírez.
También deberán revisarse los padrones de beneficiarios, gastos relacionados con eventos, contratación de servicios, utilización de vehículos y participación de funcionarios.
Hasta el momento, los señalamientos no demuestran por sí solos que Ramírez haya utilizado directamente recursos públicos para promoverse. Esa responsabilidad tendría que ser determinada por las autoridades competentes a partir de pruebas.
Sin embargo, rumbo a 2027, la controversia coloca un nuevo cuestionamiento sobre su proyecto: ¿la estructura que impulsa a Julieta Ramírez fue construida políticamente desde Morena o se utilizaron recursos de Bienestar para abrirle camino hacia la gubernatura?
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