La carrera de Julieta Ramírez Padilla rumbo al proceso político de Baja California en 2027 enfrenta un nuevo elemento de incertidumbre por señalamientos relacionados con un supuesto acercamiento con autoridades estadounidenses.
La morenista, quien solicitó licencia en el Senado el 17 de junio, estaría vinculada con un proffer agreement ante una oficina del Departamento de Justicia en San Diego.
Mediante este procedimiento se evaluaría si la información que pudiera proporcionar resulta confiable y suficientemente relevante para una eventual colaboración.
Lo que permanece sin conocerse resulta central para dimensionar el caso.
No se ha establecido públicamente qué delito estaría siendo investigado, qué información podría proporcionar Ramírez, a quién involucraría o qué beneficio podría obtener a cambio.
La controversia aparece mientras la política bajacaliforniana incrementa su presencia rumbo a 2027.
Durante la misma semana en que solicitó licencia comenzaron a circular materiales para posicionarla en Tijuana frente a otros perfiles de Morena.
Entre los nombres que aparecen dentro de la contienda interna se encuentra Ismael Burgueño.
Ramírez enfrenta además cuestionamientos por su promoción política. El 1 de septiembre, la autoridad electoral estatal ordenó retirar propaganda relacionada con ella a partir de una denuncia presentada por el PAN por presuntos actos anticipados de campaña.
Así, mientras la senadora con licencia busca avanzar en la carrera por Baja California, quedan pendientes respuestas sobre la naturaleza y alcance de su supuesto acercamiento con autoridades estadounidenses.
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