La deportación de mexicanos desde Estados Unidos hacia Guatemala encendió una nueva preocupación migratoria. Autoridades guatemaltecas reportaron que más de dos mil ciudadanos mexicanos han llegado a ese país en vuelos de deportación durante 2026, antes de ser enviados posteriormente a México.
El gobierno de Guatemala sostuvo que no actúa como Tercer País Seguro y que las personas mexicanas permanecen únicamente en tránsito. México, por su parte, ha defendido el derecho de sus connacionales a regresar directamente a su país y ha rechazado prácticas que compliquen ese retorno.
La medida se inscribe en el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, que ha buscado ampliar rutas de expulsión y acuerdos con otros países de la región. Organizaciones civiles han advertido que estos esquemas pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas deportadas.
El caso abre un frente diplomático delicado: México debe proteger a sus ciudadanos fuera del país, pero también enfrentar una política migratoria estadounidense cada vez más rígida. Para los deportados, la ruta de regreso se vuelve más larga, incierta y costosa.
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