La falta de medicamentos continúa golpeando a pacientes del sistema público de salud en México y, para organizaciones civiles, el problema ya no puede considerarse un fenómeno aislado.
El colectivo Cero Desabasto reportó que desde 2019 y hasta julio de 2026 recibió 12 mil 974 denuncias y reportes relacionados con falta de fármacos e insumos médicos.
De acuerdo con su presidenta, Evelyn Guzmán, la crisis se agravó con los cambios en el modelo de compra de medicamentos implementados durante el sexenio anterior y posteriormente se mezcló con nuevas fallas derivadas de la reorganización del sistema de salud.
Entre los principales problemas identificados aparecen una mala estimación de la demanda, retrasos en compras y adjudicaciones, fallas en la distribución y dificultades para coordinar al Gobierno federal con las entidades.
El impacto no termina en los hospitales. Cuando un medicamento no está disponible, pacientes y familias deben buscarlo en farmacias privadas, asumir gastos adicionales o, en los casos más graves, interrumpir tratamientos.
La situación afecta especialmente a las familias con menores ingresos. Diversos estudios citados por organizaciones civiles muestran que el número de hogares que enfrentan gastos médicos capaces de comprometer seriamente sus finanzas aumentó en los últimos años.
A esto se suma que cerca de la mitad de la población termina recurriendo en algún momento a servicios privados, incluso cuando tiene derecho a recibir atención en instituciones públicas.
Cero Desabasto advierte que la solución debe ir más allá de aumentar las compras: se necesita garantizar distribución efectiva, mejorar la planeación y evitar que las decisiones administrativas limiten las alternativas de tratamiento disponibles para los médicos.
Mientras esas fallas persistan, el desabasto continuará trasladando parte del costo del sistema público directamente al bolsillo de los pacientes.
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